El 11 de junio, Mongabay publicó la siguiente actualización sobre una investigación de la reportera independiente Glòria Pallarès, que representa un nuevo y notable resultado que aumentará la concientización mundial sobre este asunto y que se suma a los publicados recientemente en la página Impacto de Mongabay.

Glòria Pallarès, colaboradora de Mongabay, obtuvo una mención honorífica en el Premio Trace de Periodismo de Investigación 2025, anunciado el 28 de mayo, por su investigación sobre cómo se engañó a comunidades indígenas de Perú, Bolivia y Panamá para que cedieran sus derechos sobre millones de hectáreas de bosque.

La investigación de enero de 2024, titulada «Empresas usan falso aval de la ONU para obtener derechos forestales de comunidades indígenas en tres países», descubrió una red de empresas que se valían de falsas afirmaciones de respaldo de la ONU para conseguir contratos, algunos de varias décadas de duración, con diversas comunidades indígenas.

Los derechos económicos de más de 9,5 millones de hectáreas de bosque se cedieron a través de estos ardides. Los acuerdos se firmaron sin el pleno consentimiento de la comunidad y se basaban en promesas poco claras de puestos de trabajo, proyectos de desarrollo local y, en algunos casos, un rendimiento financiero procedente de créditos de carbono y bonos verdes, según descubrió Pallarès.

El Premio Trace 2025 elogió la historia como «una contribución singular a nuestra comprensión de cómo las innovaciones financieras que dan un valor de capital a los recursos naturales pueden instigar la explotación de poblaciones vulnerables».

Uno de los contratos más flagrantes que destapó Pallarès afectaba a 500000 hectáreas de tierras de la comunidad matsés en Perú, lindantes con los territorios de varias tribus aisladas.

La empresa que obtuvo el contrato tenía un capital registrado inferior a 700 dólares y su único propietario declaró a Mongabay que carecía de experiencia en finanzas sostenibles y mercados de carbono. Pallarès descubrió que se había asociado con un antiguo funcionario público investigado por la presunta malversación de fondos de asistencia social.

«No entendí muy bien el contrato, ninguno de nosotros realmente lo entendió», dijo un representante indígena matsés, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. «Pero hablaban de crear empleo y de organizaciones internacionales, así que eso me dio esperanzas».

Tras la investigación, la comunidad matsés rescindió su contrato con la empresa; la ONG Conservation International también cortó lazos con la empresa. Pallarès informó que los contratos en Panamá y Bolivia también han sido impugnados o anulados por cuestiones relacionadas con el consentimiento de la comunidad.

«Los modelos financieros y de mercado no verificados proliferan en medio de la falta de normativa y de diligencia debida», comentó Pallarès al jurado del Premio Trace en una declaración escrita. «[La mención honorífica] me anima en mi búsqueda por seguir sacando a la luz falsas soluciones a los retos ambientales y de desarrollo del mundo».

Imagen principal: La comunidad matsés de Perú es una de las comunidades indígenas objeto de los planes de financiación. Foto: Mongabay.