En marzo de 2024, Mongabay Latam y Ciper publicaron una investigación conjunta sobre cómo una empresa minera de ácido bórico que operaba dentro de zonas protegidas del Salar de Surire —un punto caliente de biodiversidad en el norte de Chile— estaba siendo gestionada por la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile.
Situado en los Andes a más de 4200 metros sobre el nivel del mar, el Salar de Surire es un monumento natural y forma parte de la Reserva de la Biósfera Lauca. Es un área de reproducción clave para tres especies amenazadas de flamencos: el andino, el de James y el chileno.
Un equipo de Mongabay Latam y Ciper analizó más de un millón de correos electrónicos enviados entre altos ejecutivos de la empresa minera. Estos correos —filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya— abarcan más de una década y revelan conversaciones en las que se discutían planes para relajar las restricciones ambientales con el fin de permitir la extracción de minerales en zonas sensibles. Estos hallazgos se cotejaron con documentos oficiales obtenidos a través de las leyes de transparencia de Chile y se apoyaron en entrevistas sobre el terreno a científicos, líderes indígenas y funcionarios públicos.
La empresa en cuestión negó todas las acusaciones, alegando que la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), una organización estatal privada sin fines de lucro supervisada por el Ministerio de Agricultura, interpretó de manera errónea la ley. Sin embargo, la investigación descubrió que la empresa no solo intentó reinterpretar los permisos existentes, sino que también redactó un protocolo que habría relajado los límites de extracción. El protocolo nunca se adoptó de manera oficial y la Conaf confirmó posteriormente que no existía ningún acuerdo legítimo que autorizara tales cambios.
