A medida que las finanzas sostenibles ganan terreno en las carteras de mitigación climática, la falta de supervisión ha abierto la puerta a la explotación. Una investigación de Mongabay a principios de 2024 reveló que varias empresas sin experiencia en proyectos de financiación sostenible habían convencido a comunidades indígenas de Latinoamérica para que cedieran los derechos económicos de sus bosques durante décadas, alegando falsamente que los planes estaban avalados por organismos de las Naciones Unidas.
A las comunidades indígenas de Perú, Bolivia y Panamá se les prometieron puestos de trabajo y proyectos de desarrollo local a cambio de colocar más de 9,5 millones de hectáreas de bosques en el «mercado de ecosistemas». De acuerdo con fuentes de las comunidades, las afirmaciones del respaldo de la ONU fueron el principal argumento de venta para que aceptaran comercializar los servicios ecosistémicos que proporcionan sus bosques, como el secuestro de carbono.
Sin embargo, la reportera de Mongabay descubrió que las tres entidades de la ONU citadas por las empresas negaban cualquier implicación y que la metodología que estas entidades empleaban para valorar el capital natural nunca se había utilizado antes. No había detalles públicos sobre su base técnica y científica y la empresa que creó la metodología se negó a compartir información sobre ella.
