Uno de los principales logros de Mongabay Latam ha sido el uso de herramientas innovadoras para llenar enormes lagunas en la información oficial y pública sobre el ambiente en América Latina. En los últimos años, el equipo ha creado más de 20 bases de datos con información crucial sobre minería, narcotráfico, multas impuestas a compañías de combustibles fósiles y de aceite de palma, casos de asesinatos de defensores ambientalistas que han quedado impunes o que han sido enjuiciados, responsabilidades ambientales geolocalizadas, como los sitios contaminados abandonados por la industria petrolera, y mucho más.
La calidad de estos reportajes y del uso de los datos sigue teniendo repercusiones en el mundo real, ya que los resultados se han utilizado para fundamentar actuaciones judiciales y policiales. Por ejemplo, en 2021, una serie de reportajes basados en datos analizó más de 724 000 alertas de deforestación de Global Forest Watch y datos satelitales para documentar la deforestación ilegal de tierras indígenas en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. El resultado fue una serie especial llamada «Mapas del delito» que mostraba cómo los actores ilegales dominan cada vez más los bosques y que identificaba casos antes desconocidos en los que las comunidades locales están siendo amenazadas por narcotraficantes, grupos rebeldes, acaparadores de tierras y madereros con poca o ninguna atención por parte de los medios de comunicación. Este esfuerzo contribuyó a una acción legal en Perú, donde el Fiscal General del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, compartió la información resultante de un artículo de Mongabay con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para abrir una investigación para prevención de la deforestación.
Deforestación en Bajo Paraguá. Foto: cortesía de la municipalidad de San Ignacio de Velasco.
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La serie de investigación más reciente de Mongabay Latam, realizada en colaboración con Earth Genome (también publicada en inglés), utilizó una herramienta de inteligencia artificial para localizar 67 pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el narcotráfico en tres regiones peruanas. El informe original confirmó la ubicación, el tamaño, el uso y la fecha de apertura de estas pistas, así como la proximidad a carreteras y ríos. Entre las pistas de aterrizaje descubiertas, 30 estaban situadas en comunidades indígenas y 26 en los alrededores. Se identificaron otras tres pistas de aterrizaje en dos reservas indígenas y 10 más dentro de concesiones forestales. En relación con estas, se reveló que al menos 15 líderes indígenas han sido asesinados y 28 están amenazados. La herramienta también abrió un nuevo campo de investigación en la Amazonía que ayuda a los funcionarios a comprender la complejidad del crimen organizado en estas áreas y el impacto en las poblaciones vulnerables y los ecosistemas frágiles.
A las pocas semanas de su publicación, la serie «Los vuelos de la muerte» atrajo considerable atención por parte de los responsables de la toma de decisiones y expertos de la sociedad civil. Por ejemplo, la congresista Ruth Luque, que preside la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República peruano, comentó sobre la investigación en las redes sociales: «La inseguridad que vive el país requiere que se abandone el enfoque centralizado y urbano; es necesario un enfoque integral que visibilice las amenazas que sufren los pueblos indígenas, quienes se enfrentan hoy a una creciente economía ilegal y a una absoluta indefensión frente al narcotráfico, en cuyos territorios la acción y presencia del Estado es inexistente. El informe presenta datos alarmantes».
El ex primer ministro Alberto Otárola también compartió esto en las redes sociales: «Muy interesante trabajo. Ley 30339 permite control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional. Se debe aplicar drásticamente para enfrentar letales narcovuelos». Muchos medios de comunicación también se pusieron en contacto con Mongabay Latam solicitando entrevistas y más información y decenas de proveedores de noticias republicaron o utilizaron los hallazgos en sus propios reportajes sobre el tema.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) –organización peruana de defensa de los derechos de los indígenas que actúa como representante político de las comunidades nativas del país–también utilizó la investigación para exigir al Ministerio de Cultura información sobre lo que se estaba haciendo para impedir que los narcotraficantes atacaran a los habitantes de los territorios indígenas y a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Las plantaciones de hoja de coca dejan pocos beneficios a las familias colonas e indígenas. El verdadero negocio está en los otros eslabones de la cadena de la droga, que la transforman en pasta y cocaína. Foto: Mongabay Latam.
Más allá de revelar tendencias generales de aumento de la criminalidad y amenazas de violencia contra las comunidades locales, el uso de datos de vigilancia forestal también puede ayudar a mantener la cobertura donde, de otro modo, sería imposible, dice la directora del programa Mongabay Latam, María Isabel Torres. «A veces no podemos ir a una zona porque es demasiado peligrosa [o] tenemos que volver antes porque los líderes indígenas nos dicen que los narcotraficantes están allí, así que los datos satelitales se han convertido en la clave de casi todos los reportajes que hacemos. Hemos desarrollado una serie de habilidades completamente diferentes. En Perú, empezamos a georreferenciar todas las comunidades indígenas; luego, añadimos capas de mapas sobre deforestación, operaciones mineras ilegales, cultivos ilegales y pistas de aterrizaje que las autoridades ya conocían y, de repente, te haces una idea de la magnitud. En Perú, descubrimos que más del 60 % de las comunidades indígenas estaban rodeadas de distintos tipos de delitos forestales. Entonces compartimos esa información con las comunidades locales. También cartografiamos concesiones petroleras sobre comunidades indígenas en cuatro países amazónicos y descubrimos que, en algunos casos, el 100 % del territorio de una comunidad está explorado por el Gobierno para concesiones petroleras ¡y la población local no tenía ni idea!».
Solo en 2024, los periodistas de Mongabay fueron invitados en varias ocasiones por congresistas colombianos, paraguayos y panameños para presentar sus hallazgos sobre la magnitud de los delitos, como el comercio de aletas de tiburón, la expansión de las economías ilegales, el avance de la deforestación provocada por las comunidades menonitas o la falta de políticas para atender a las primeras personas desplazadas por el cambio climático en la región. Mongabay también comparte de forma activa su trabajo con periodistas y socios locales que a menudo carecen de tiempo o de recursos para el arduo trabajo preliminar que se necesita para iniciar las investigaciones.
De este modo, Mongabay Latam actúa a menudo como catalizador y puente con muchos medios de comunicación regionales, contratando a especialistas como geógrafos para que ayuden a elaborar mapas y gráficos y colaboren en la edición final. Como comenta Torres, «ha sido una metodología muy productiva contar con estas cooperaciones porque hace que la cobertura del terreno sea más profunda. Los periodistas locales conocen su territorio, los líderes más importantes con los que hay que estar en contacto y los peligros a los que se podrían enfrentar y hemos hecho mucho por entender estos problemas desde un punto de vista regional».
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